Acuerdo de Escazú: Se trata de algo mucho más existencial que la soberanía nacional

En un artículo con el título dramático «Nos quieren robar: Perú perdería soberanía del 53% de la Amazonía», publicado el 8 de julio en el diario «Expreso», el periodista Erick Sánchez Noriega exige fijamente que el Congreso de la República no ratifique el Acuerdo de Escazú, el cual plantea implementar protocolos para la protección del medio ambiente en América Latina y el Caribe, garantizando a todos sus pueblos el derecho de vivir en un entorno sano y de participar en la toma de decisiones relacionadas.

Su argumento principal en contra del acuerdo es que el estado peruano perdería parte de su soberanía si permitiera que una instancia internacional pueda tomar decisiones sobre parte de su territorio. En este contexto, expresa la preocupación de que la Amazonía podría ser declarada patrimonio común de la humanidad, y actividades mineras se bloquearían a favor de «ONGs, sectores radicales y ultraizquierdas», los cuales en su opinión «serían los grandes beneficiarios de este acuerdo». Entre otros, el artículo está citando a Francisco Tudela, ex vicepresidente del Perú, quien comparte las mismas preocupaciones: «ONGs ambientalistas movilizan a poblaciones para parar proyectos petroleros, gasíferos, como han hecho en el caso de la minería en Las Bambas, Tía María, etc., la resolución final de esos conflictos ya no se dará en el Perú.»

Parece que el miedo más profundo respecto al Acuerdo de Escazú es que el estado peruano ya no podrá decidir a solas sobre asuntos que tienen consecuencias graves para el medio ambiente y los pueblos en su territorio. Por un lado, considerando la historia del Perú, se puede entender una cierta alergia a la imposición de normas ajenas impulsadas por intereses extranjeros: Los recuerdos de la colonización y la explotación de los recursos de la región por poderes europeos desde el siglo XVI todavía es una herida abierta. El problema grande, sin embargo, consiste en lo siguiente: Hoy es el estado mismo que explota sus recursos, y los que sufren en su mayoría son los pueblos originarios, los mismos que han sido las victimas de la colonización. La lógica sigue siendo la misma, sólo han cambiado los actores que tienen el poder.

Los que dicen que los beneficiarios de un acuerdo cuyo objetivo es la protección del  medio ambiente son ONG extranjeras y ciertos sectores políticos, no han logrado entender el núcleo del problema: La preservación de ecosistemas que son el hogar de miles de especies, regulan los ciclos hídricos y la temperatura en todo el planeta, transforman dióxido de cloro a oxigeno y mantienen el equilibrio en la atmosfera de la tierra, no sólo sirve a ciertos seres vivos, mientras perjudica a otros, sino es justamente lo que nos mantiene vivos a todos. Hasta cierto punto se entiende la necesidad de generar ingresos con actividades extractivistas como la minería, pero si tomamos en cuenta que estas actividades resultan en la destrucción paulatina del planeta y de toda la vida, ¿realmente pueden ser la prioridad de los gobiernos del mundo?

Es verdad que los países del denominado «Sur Global» como el Perú, a nivel global causan mucho menos daño al medio ambiente que ciertas regiones del «Norte» como Europa y los Estados Unidos, los cuales presentan un nivel de consumo muy elevado y así tienen que asumir gran parte de la responsabilidad para la contaminación y la destrucción del planeta. Por lo tanto, exigir al Perú y a otros países de la región de tomar medidas para proteger al medio ambiente, sacrificando posibles ingresos, es nada más que hipocresía si los países del norte no están dispuestos de restringirse de igual manera. Si se decide disminuir las actividades mineras, la extracción de petróleo y la deforestación para la agroindustria, no se puede permitir que la población de los llamados países desarrollados continue desperdiciando los recursos, comprándose un nuevo celular cada año, viajando en avión sin limites y consumiendo alimentos producidos de manera industrial.

Se tiene que introducir restricciones estrictas a nivel mundial, y no sólo para ciudadanos y ciudadanas, sino también para la industria, sobre todo para empresas transnacionales, como son ellas que causan un gran porcentaje de la contaminación en los países del sur, los cuales en el sistema global en primer lugar sirven como exportadores de materia prima. En este sentido, todos y todas tenemos que sacrificar una parte de nuestra libertad, tanto a nivel personal como a nivel estatal. El modelo del Estado Nacional – el cual fue innatural y forzado desde su principio, construyendo fronteras y dividiendo pueblos – es obsoleto. Las problemas que enfrentamos en el siglo XXI, como el cambio climático – el cual está muy relacionado con todos los aspectos mencionados arriba – ponen el peligro la existencia no sólo del ser humano, sino de todas las especies que viven en este planeta; y únicamente pueden ser abarcados si unimos las fuerzas y la voluntad de toda la población mundial.

A raíz de eso, no sólo tiene sentido, sino es inevitablemente necesario firmar acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, bajo las condiciones de igualdad de esfuerzos y sacrificios. No se trata de asuntos políticos que sólo conciernen un país y por lo tanto pueden ser debatidos y decididos dentro de las fronteras nacionales. Se trata de algo mucho más grande, de algo mucho más existencial. No es que quieren robar parte del territorio peruano. Es que quieren robarnos la base de nuestra vida.

Este video de Amnistía Internacional Argentina explica de forma corta los contenidos del Acuerdo de Escazú: